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En ellas se reclamaban a la equidad la inconstitucionalidad de la mencionada ley del malparto legal. El martes la herida sumo de equidad de la pueblo desestimó por unanimidad dos planteos que se habían realizado antagonismo la vigencia de la ley 27.
El fallo del máximo tribunal lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y no hizo lugar por cuestiones formales a dos acciones de protección antagonismo el Estado nacional. 610, de la interrupción voluntaria del embarazo.
mónada rechazados en primera instancia y, tras la presentación de un recurso de apelación, la Sala V de la habitación de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese pronunciamiento. 986″ y “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – Poder Ejecutivo s/ protección ley 16.
Se trata de los casos “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – M Salud de la pueblo s/ protección ley 16. 986″.
Los recursos mónada promovidos por Marisa Esther Kulanczynsky, María Alejandra Abdian, Marianela Manelli, Walter Luis González, Florencia Cortez, Patricia Mónica Rodríguez y Susana Silvia Accorinti, con el patrocinio letrado de esta última.
“En todo el país ya han sido rechazados 34 demandas similares, en diferentes fueros y provincias. 610, fruto del más amplio debate democrático”, expresaron desde la fundación MujeresxMujeres. Esta decisión judicial de la CSJN consolida el tieso a decidir que reconoce la Ley 27.
“Con esta sentencia queda firme la decisión de la habitación, que deber resuelto que un grupo de ciudadanos no tiene tieso a impugnar judicialmente el tieso al malparto de miles de mujeres y personas gestantes”, dijeron en un comunicado.
Según informó la herida sumo, la Sala V de la habitación de Apelaciones remitió a su precedente “Sueldo”, causa en la que ya deber rechazado la legitimación activa del peticionario, pues no deber demostrado tener un perjuicio distinto al que podrían tener otros ciudadanos y tampoco demostraba representar el interés general de la sociedad.
Amnistía Internacional también se pronunció al respecto.
Además, agregó allí que la legitimación activa debía rechazarse cuando se pretendía un pronunciamiento judicial con efectos sobre bienes o intereses sobre los queotras personas ajenas al proceso tenían derechos individuales y exclusivos, sin que existiera un procedimiento apto para resguardar su tieso de defensa.