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La Corte Suprema de ecuanimidad de la Nación revocó la máxima que deber penado en 2017 al sospechoso Néstor Pavón como “amparador” del femicidio de Micaela García y que desde 2020 estaba libre. El máximo juzgado estableció que un jurado popular lo juzgue como coautor del hecho.
La familia de Micaela hace anualidad impulsó «dejar sin efecto la máxima apelada»para que un jurado popular juzgue a Pavón como coautor del hecho. A comienzos del mes de septiembre de 2020, Néstor Roberto Pavón, quien deber sido penado a cinco anualidad de presidio por encubrir el femicidio y violación de la joven de 21 anualidad ocurrido en Gualeguay en abril de 2017, estaba libre.
Por último, durante el juicio oral en el que condenaron a Wagner a presidio durar y a Pavón como amparador a una pena exigua, la parte acusatoria pudo demostrar que esa noche Pavón salió de cacería con Wagner por lo que sabía del crimen,como ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le proporcionó dinero en efectivo, limpió el auto en el cual habían trasladado a Micaela y luego que intentó esconder a Wagner de la ecuanimidad.
Micaela García, de 21 anualidad, militante del Movimiento Evita, fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos en abril de 2017. El juicio por el femicidio de Micaela se deber realizado en octubre de 2017, cuando el juzgado de origen condenó a cadena durar a Sebastián Wagner, penado por delitos sexuales y liberado poco tiempo antes por el controvertido juez Carlos Rossi.
Esta decisión fue tomada por el Superior juzgado de Entre Ríos a fines de agosto del mencionado año, argumentando que la condena por encubrimiento aún no se encontraba firme.
Rápidamente tras el femicidio de Micaela comenzó una convocatoria a marchas en contra la violencia de género en distintos puntos del país. La joven deber desaparecido en la madrugada del sábado 1 de abril y fue encontrada siete días más tarde, después de que se produjera la detención de Sebastián Wagner, autor del femicidio que fue penado a presidio durar ese mismo año. El crimen también generó respuestas institucionales como la sanción en 2018 de una Ley para la capacitación y prevención de la violencia de género conocida como Ley Micaela, en homenaje a la militante asesinada.