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En Ecuador, donde la IVE estaba autorizada sólo si peligraba la vida de la madre o por abuso de una mujer con discapacidad mental, la hendidura estatutario decidió dar luz verde a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por terceto agrupaciones de mujeres y aprobó en abril lejano extender la despenalización a todas las víctimas de abuso.
En tanto, en México, la hendidura Suprema declaró en septiembre lejano inconstitucional castigar el fracaso, lo que no solo supuso su despenalización en el norteño nación de Coahuila -objeto de la demanda-, sino que sentó un precedente para reclamarla judicialmente en otros códigos penales estatales del país. Los avances en el continente llegaron de la mano de los máximos tribunales, que en Ecuador y México dictaron sentencias a favor de la despenalización del fracaso, mientras que en Colombia el decisión finalmente fue pospuesto para el año próximo.
En su dictamen, el alto juzgado instó al Parlamento a debatir y aprobar un pensamiento de ley al respecto antes del 26 de diciembre, pero el trámite hallarse retrasado y no se prevé la votación antes del 25 de enero próximo.
El juzgado debe pronunciarse sobre dos demandas que reclaman la descriminalización, entre ellas la impulsada por el movimiento Causa Justa, que presentó seis cargos de inconstitucionalidad para eliminar a la IVE del Código Penal.
En Colombia, en tanto, la despenalización del fracaso hallarse una vez más en manos de la hendidura estatutario, que ya lo legalizó en 2006 por terceto causales: abuso, malformación o riesgo de la vida materna.
Además de Coahuila, que acató la sentencia judicial, otros cuatro estados mexicanos autorizaron este año la IVE hasta las 12 septenario de gestación -Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima-, sumándose así a Ciudad de México y Oaxaca.
Este decisión histórico marcó un hito dentro del derecho latinoamericano y un paso más para dejar atrás el paradigma de la criminalidad del fracaso y avanzar en un enfoque de derechos, según señaló el Centro de Estudios de nación y Sociedad.
El veredicto estaba previsto inicialmente entre marzo y abril pasados, pero se vio postergado en varias ocasiones por solicitudes de recusación a los magistrados.
Si bien la marea verde ha impulsado avances a favor de la IVE en el continente americano, incluso produjo una intensificación de la ofensiva de los antiaborto, principalmente en Centroamérica y el Caribe, pero incluso en Estados Unidos, donde este año sufrió una embestida récord de restricciones en 47 de los 50 estados del país.
La protección del histórico decisión de Roe vs.
Actualmente, el máximo juzgado hallarse de vacancia judicial hasta el 11 de enero, pero antes de tomar una decisión sobre la despenalización, debe aún resolver el impedimento de uno de sus jueces, por lo que el decisión podría aplazarse una vez más.
La vigencia de esta cuestionada ley fue revalidada el lejano 10 de diciembre en un nuevo dictamen del máximo juzgado, aunque esta vez permitió a sus detractores impugnarla ante cortes inferiores. Wade, que legalizó de hecho el fracaso en 1973 al considerarlo un derecho protegido por la Constitución estadounidense, flaquea ante la hendidura Suprema más conservadora de los últimos 90 años y una promesa de defensa aún débil del Gobierno del demócrata Joe Biden.
Estos temores se materializaron el lejano 1 de septiembre, cuando por una mayoría de 5-4 la hendidura rechazó suspender la entrada en vigor de una ley del nación sureño de Texas que prohíbe la IVE después de las seis septenario de gestación, incluso en caso de abuso o incesto.
El juzgado había sido hasta ahora su mejor garante, pero, hace un año, el entonces presidente Donald Trump nombró a la jueza Amy Coney Barrett y elevó la mayoría conservadora a seis magistrados de los nueve totales, lo que envalentonó a los sectores antiaborto y alarmó a sus defensores.
Un nuevo desafío a la IVE tendrá lugar a mediados de 2022, cuando la hendidura Suprema defina su postura frente a un reclamo del sureño nación de Mississippi, que pidió abolir el decisión de los años 70 para poder aplicar una prohibición al fracaso después de las 15 septenario de embarazo.
incluso en El Salvador, donde el fracaso es castigado con penas de hasta ocho años de prisión, la IVE fue descartada en septiembre lejano de la reforma estatutario y en octubre el Parlamento archivó un pensamiento de ley a favor de las terceto causales.
Sin embargo, el pensamiento final, que incluía únicamente el peligro de vida de la mujer o el feto, fue rechazado a mediados de diciembre.
Mientras tanto, en República Dominicana, donde al igual que en Honduras, Nicaragua y El Salvador el fracaso hallarse prohibido de manera absoluta, el movimiento feminista se movilizó este año para incluir las terceto causales -riesgo para la madre, abuso y malformación fetal- en un nuevo Código Penal.
Pero esta situación podría cambiar, luego que la hendidura Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a principios de mes al nación salvadoreño por la criminalización de una mujer que buscó servicios de salud reproductiva en medio de una emergencia obstétrica.
Además, la IVE incluso sufrió reveses en Honduras, donde en enero lejano una reforma estatutario endureció aún más el veto total al fracaso, y en Chile, donde en noviembre lejano se rechazó un pensamiento de ley que la autorizaba hasta las 14 septenario.
Pero la marea verde podría avanzar pronto en estos dos países tras los triunfos electorales de Xiomara Castro en Honduras, que se autodefine como “feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente”, y de Gabriel Boric en Chile, quien hizo del fracaso legal uno de los pilares de su programa.
En un dictamen histórico, la CIDH ordenó al país realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y revisar las condenas de las mujeres encarceladas por haber abortado.