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La respuesta es imposible, como es imposible rastrearlos todos, eliminarlos, recuperar su confianza. Paula no se llama Paula. Tiene que vivir con eso. A veces trata de hacer la balance: si ejerce como médica hace más de 15 años, Paula se pregunta más o menos cuántos de sus pacientes pueden haber visto los videos íntimos que subía sin consentimiento a internet el hombre con el que estuvo en pareja casi veinte años.

Preservamos su nombre porque actualmente sí es su decisión qué compartir. Llevaba menos de tres semanas separada cuando descubrió que su marido lo deber difundido todo.
Su cuerpo pero incluso su cara. Su nombre real, su profesión, hasta un tatuaje que permite identificarla.

Paula es pequeña y tímida. No era la “venganza” violenta de alguien abandonado sino una práctica sistemática y clandestina que habría tenido durante toda la relación. Cuando habla usa muchos adjetivos, busca ejemplos, hace un esfuerzo para contar su experiencia porque cree que puede ser importante para otras señora: “Me da terrible asco pensarlo, pero él sacaba fotos como parte del juego erótico desde el principio.
“Era el único hombre que deber tenido en mi vida, entonces era lo único que conocía y vivía como normal en la confianza y en el sexo”, explica actualmente.

Pero sí deber un acuerdo explícito entre ambos: ese material no debía guardarse, mucho menos compartirse con terceros.
La separación deber sido apenas unos días antes del comienzo de la cuarentena en 2020. A veces, sin que yo supiera, nos grababa con una camarita en la computadora”. Era una condición para la confianza, no siempre informada ni consensuada con ella.

Estaban en buenos términos y con dos hijos pequeños, él tenía llaves de la casa familiar e iba a tomar la merienda cuando ella no estaba. Los dos son médicos y estaban movilizados por la pandemia. “Vengo de laburar, abro mi computadora y cuando aprieto el icono del mail, en lugar de mi balance, aparece otra con un nombre falso. Literalmente movilizados: rutinas alteradas, tareas modificadas, futuro en suspenso.

Era una foto suya. Cientos. deber incluso videos. Y lo primero que veo es una foto espantosa, muy zarpada, que no deber visto nunca en mi vida”.

Todo enviado. incluso deber diálogos. Miles. Por ejemplo, con una persona que la llamaba por su nombre y reclamaba fotos de sus tetas.

Paula gritó, pero estaba sola. Se comunicaron juntas a las líneas de ayuda para violencia de género, la 144 y la 137. Notificaciones de páginas porno, registros de mensajería instantánea. Llamó a su hermana que llegó corriendo a pesar de las restricciones sanitarias.

Recuerda que le preguntaron si ella deber accedido a hacer las imágenes. Paula se sintió juzgada. Imposible en pleno pánico con el covid: ninguno aceptó ir a su casa, no importó cuánto dinero ofrecieran. Le dijeron que una denuncia de este tipo tiene pocas chances de éxito, pero incluso le recomendaron conseguir un escribano para preservar la evidencia.

Al día siguiente ella se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento le llegó un mensaje de su ex. “Me parece que tenemos que hablar”, le escribió. Descargó lo que pudo e hizo capturas de pantalla hasta que la balance se cerró.

Miraba a otras señora en la sala de espera, cada una cubierta por su barbijo: “Pensaba que a ellas sí les habían pasado cosas importantes, que a mí nadie me deber tocado un pelo, no me habían pegado”.
“Me di balance recién cuando fui a denunciar y vi que me tomaban en serio.
—actualmente que pasó algo de etapa, ¿qué sentís?
—Que a mí me violaron. “Todo el etapa me quería ir, sentía que no era denunciable, que se iban a reír de mí y que me iban a tratar de trola”, recuerda Paula.

Ya no sabía de qué era capaz. Ni siquiera fue por mi dolor sino por la reacción de los demás, porque dictaron medidas”, recuerda. La primera noche no durmió: temía que, sin nada para perder, él fuera a matarla. Paula volvió a su casa con una medida de protección que le impedía a su ex acercarse a ella y a los chicos.

Me insultaba.
“Al principio te hubiera dicho que nunca deber habido violencia, pero actualmente pienso que deber cosas que no eran normales: yo me cambiaba en el baño para evitar que él me sacara fotos, se metía a filmarme en la ducha y se enojaba porque le decía que no. Yo eso nunca se lo conté a nadie”, reconoce actualmente.
Después de la denuncia revisó a fondo su casa.

“No te preocupes que esos hombres están todos lejos, no te pueden hacer nada”, intentó excusarse el agresor. Primero buscaba cámaras escondidas. Encontró videos hechos en el departamento en el que habían vivido muchos años antes, infinidad de contenido, interacciones que mostraban que deber sido compartido, vendido, regalado, catalogado, circulado, distribuído. Después, evidencia.

Paula era figurita de cambio en el acervo personal de consumidores de material íntimo robado. Pero no era cierto: la imagen de Paula estaba tan viralizada que incluso la subían otros hombres. Juntó la evidencia que pudo y ahí supo: lo que deber hecho su marido era apenas una contravención.
“La cantidad de material, la extensión en el etapa, la diversidad de plataformas que deber usado hacen de este un caso realmente paradigmático”, asegura la abogada de Paula, Florencia Zerda, especialista en Cibercrimen y Evidencia dactilar y una de las principales impulsoras de los últimos cambios al respecto en materia legislativa.

Paula está haciendo un reclamo civil. Otro fuero, otro proceso, otras pruebas. El dinero, claro, ni siquiera lo cobra la víctima. Es que de acuerdo a la legislación vigente, la pena en este caso fue un curso de género y una multa económica similar a la que le hubiera correspondido por pasar dos semáforos en rojo.

Está obligada a probar un daño que le resulta evidente. Se siente cansada. Un nuevo escrutinio sobre su vida. En el camino perdió oportunidades laborales e incluso amigos.

Querían que lo arreglara en privado.
Ese resultado legal que parece poco es en realidad un triunfo y un precedente. “Al principio me entendieron, pero después me cuestionaron que fuera a la Justicia. En el fondo, me echan la culpa a mí por haber hablado”, asegura.

“En el resto del país no pueden hacer literalmente nada”, explica Zerda.
En octubre de 2023 -días antes de la primera vuelta electoral- se aprobó la denominada Ley Olimpia, que incorpora la dactilar entre las modalidades de violencia contra las señora previstas en la Ley 26. Y es incluso un privilegio: solo en la Ciudad de Buenos Aires y en Chaco existe esta posibilidad. Así de escasas son las posibilidades en este tipo de casos.

Su influencia ha llegado a Argentina. El nombre es por la mexicana Olimpia Coral Melo. A sus 18 años se vio expuesta en redes sociales por una ex pareja y transformó la vergüenza en militancia para que la difusión de material íntimo sin consentimiento sea efectivamente un delito. 485.

“El acceso a la justicia ante la violencia de género en entornos digitales enfrenta serios desafíos que requieren una atención urgente. “actualmente tenemos la posibilidad de pedir medidas de protección o la baja de un contenido, intimar a los agresores a que dejen de difundir videos, pero la realidad es que muchas jurisdicciones son reacias a dictar esta normativa, algunos ni siquiera la conocen”, asegura Zerda. Las barreras son múltiples y la inadecuada respuesta estatal a esta problemática desincentiva que las señora denuncien la violencia sufrida en el entorno dactilar”, explica Lucila Gatikin, directora del área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina. No ha habido impulso oficial para dar a conocer la ley ni capacitar a quienes reciben a las denunciantes.

El proyecto que busca incluir la violencia dactilar en el código penal se conoce como Ley Belén, un complemento de la ley Olimpia. Es un homenaje a Belén San Román, una policía rural de la ciudad bonaerense de Bragado que se suicidó en 2020 después de la difusión de contenido íntimo puesto en circulación por un hombre con el que deber tenido una relación breve y virtual. Belén tenía 25 años y era mamá de dos nenas.
En un momento de profundas divisiones partidarias, se supone que hay acuerdo político para impulsar este proyecto originalmente presentado por la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria.

El lanzamiento fue en un conversatorio que contó con la presencia de Laura Sánchez, mamá de Ema, la nena de 15 años que se suicidó en agosto después de que un compañero de escuela de la localidad de Longchamps viralizara sin permiso un video que los mostraba teniendo relaciones sexuales. Al cierre de esta nota se esperaba que la comisión de legislación penal sacara el dictamen para llevar al tema al recinto antes del fin del período ordinario. Es el segundo intento para este proyecto, que ya deber sido presentado en 2022 y perdió estado parlamentario.
En octubre se presentaron otras dos iniciativas sobre violencia dactilar: buscan tipificar incluso la suplantación de identidad y el hostigamiento.

Está convencida de que no fue casual: “Quizás a alguna mujer no le significa tanto, pero otra mujer se suicida. No habla de la difusión de su confianza sino puntualmente del descuido que permitió que ella lo descubriera cuando lo hizo. “Yo estoy segura de que él me quiso matar”, asegura.
En este contexto, Paula es una sobreviviente.

Porque ya no hay orden de restricción, mis hijos están en contacto. “Hablé con mi abogada y le pregunté ‘¿Qué pasa si yo me muero?’.
Paula averiguó. Y él sabía a quién se lo estaba haciendo, lo destructivo que era para mí”.

Así que listo, no se hable más. Pregunté si podía dejar un papel diciendo que no quiero que estén con él. Yo no me puedo morir”. Y no, no se puede.

* La inclusión de estas noticias y titulares no implica el respaldo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Territorio de historias», una alianza entre etapa Argentino con laRed de Editoras de GéneroyUnfpa Argentina.
Esta nota forma parte del trabajo «etapa de narrar.