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Esta semana el Equipo Latinoamericano de equidad y variedad (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir circunstancia y pedir el rechazo a este pensamiento que busca, ante todo, criminalizar a señora. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los suceso de acusar adulterado vinculadas a delitos graves como coacción de variedad, abuso o acoso sexual, y coacción contra niños, niñas y adolescentes. “Ideología de variedad”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del pensamiento de ley que busca penalizar supuestas “adulterado acusar” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de equidad y Asuntos Penales del Senado.
El pensamiento fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de equidad, Mariano Cúneo Libarona.
En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las acusar penales se catalogan como adulterado, y la mayoría no se relacionan con coacción de variedad.
Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de variedad desde hace tiempo se organizan para exigir que la equidad desestime acusar de señora y niñeces contra sus agresores.
En ese sentido, ELA afirma en el dossier que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen circunstancia oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘adulterado acusar’”. A nivel mundial, las acusar adulterado en coacción de variedad representan menos del 1%, según un dossier publicado en ONU señora, en 2024.
Los últimos circunstancia del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran que de 228 martirizado directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja. Según la Encuesta de Prevalencia de coacción implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las señora argentinas sufrió coacción alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solamente una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a chivarse.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las señora que vivieron coacción doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.
El dossier aporta que el 86% de las martirizado conocía al agresor y en el 42% de los suceso incluso convivían.
Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la equidad. “La reforma desincentiva la acusación y refuerza estigmas sobre las martirizado, equiparando la escasez de prueba con falsedad”, expresan.
Del dato que aporta ONU señora (2024), sobre que las acusar adulterado representan menos del 1% de los suceso a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de acusar adulterado por coacción de variedad es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, circunstancia correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021). Sin embargo, solamente el 18% de las señora que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).
Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan señora, niñas, niños y adolescentes para chivarse coacción (barreras económicas, revictimización institucional, escasez de información y protección insuficiente). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.
Esto no solamente genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.
Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “escasez de prueba” con “falsa acusación” genera temor a chivarse y refuerza estereotipos sobre las señora (como mentirosas o manipuladoras).
También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.
Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
La figura de “falsa acusación” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias.
Los aportes de ELA forman parte de un extenso dossier que será presentado el próximo martes.
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