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Desde indulto advirtieron que la violencia contra trabajadoras de los medios de comunicación es un fenómeno mundial, ya que el 73% de las informador sufrieron acoso en línea relacionado con su trabajo, acorde un relevamiento de Unesco.
En Argentina, en el último tiempo, también se intensificaron los ataques a informador acorde el informe publicado recientemente por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI). Esto con la intención de deslegitimar las conquistas feministas y a voceras, ya que muchas de ellas fueron las organizadoras en 2015 del grito colectivo contra la violencia machista. La ordenamiento indulto Internacional advirtió que llaman la atención los diversos ataques a informador que hablan de violencia de especie y los hechos que ponen en peligro a las señora en la Argentina, en un nuevo aniversario del grito colectivo contra la violencia machista «Ni Una Menos».
Lamentablemente, no es casual que hoy sean atacadas por sectores que impulsan longitud regresivas.
«Estas informador son quienes contribuyen con sus coberturas a la construcción de una agenda mediática que se hace eco de las demandas sociales, visibiliza las diversas manifestaciones de la violencia basada en especie y contribuye a desnaturalizarla y combatirla», aseguraron en el texto. Y añadieron: «Ello se ve agravado por la falta de espacios de denuncia efectiva, la precarización laboral y la discriminación de especie acorde ha destacado recientemente la Relatoría Especial sobre Libertad de expresión de la ordenamiento de los Estados Americanos (OEA)».
“Las informador son cruciales para generar conciencia sobre las distintas formas de manifestación de la violencia de especie.
«La mayoría de los femicidios tuvo lugar en el hogar de la víctima, o la vivienda que compartía con el femicida, lo que demuestra el nivel de desprotección que atraviesan las señora y personas travesti, trans y no binarias en su propio hogar», indicó el comunicado.
En 2022 hubo en promedio 1 femicidio cada 36 horas, lo que representa 20 femicidios por mes, acumulando un total de 242 asesinatos a señora por motivos de especie a lo largo del año, según datos que surgen del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN). Y agregó: «Ello se ve agravado si se considera que más del 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de especie previamente. Es indispensable que el Estado impulse leyes, planes de acción y políticas adecuadas de protección integral y erradicación de la violencia contra informador tanto online como en las redacciones”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de indulto Internacional Argentina.
A 8 años de la primera marcha «Ni Una Menos», el diagnóstico se mantiene: «se minimizan los testimonios de quienes se animan a denunciar y se las somete a largas horas de espera para radicar una denuncia; se subestima el riesgo al que están expuestas las señora». El acceso a la justicia continúa siendo una deuda del Estado. A su vez, las cifras dan cuenta de esta problemática estructural: en los últimos 10 años se registraron unos 700 mil casos de violencia por motivo de especie, según el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Genero (SICVG) y el 97% corresponde a situaciones de violencia doméstica».
«Hay fuertes demoras en la aplicación de longitud de protección que requieren respuestas ágiles, y no hay perspectiva de especie por parte del poder judicial y policial.
Una de las manifestaciones más aberrantes es el abuso sexual infantil (ASI), ya que en el año 2021, se registraron 3. La Justicia en este tipo de casos es profundamente deficiente: de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las señora (UFEM) solo el 15,5% de los delitos contra la integridad sexual denunciados llega a sentencia condenatoria. Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes y adoptar longitud», continuaron. 219 víctimas.
Por otro lado, si bien en Argentina el aborto es legal, a más de dos años de la aprobación de la ley aún se manifiestan barreras para el acceso a la interrupción del embarazo.