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Los afiches anuncian la primera agrupación convocada una semana atrás por una agitador y docente trans de 28 añada llamada Quimey Ramos, quien enfrenta lícito y judicialmente a la compañía por incumplir la Ley de semejanza de apartado, sancionada hace 11 añada.
La pelea lícito empezó en febrero de 2022, cuando Quimey solicitó una intervención amparada en la ley 26. Las frases se leen en carteles caseros pegados frente a la sede del Microcentro de OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios), la compañía prepaga de sanidad con mayor cantidad de afiliados de todo el país. “OSDE no reconoce la semejanza de apartado”, “La semejanza no es enfermedad”, “La sanidad no es un negocio”.
Quimey se negó y la dieron de baja.
La condición para “mantenerla afiliada” que impusieron fue que tendría que pagar un aumento del 800% mensual. Empezó entonces el litigio judicial: mediante un amparo, la docente y agitador consiguió que la prepaga la reafiliara de manera temporal y garantizara los tratamientos solicitados. 743 y OSDE la desafilió y la intimó con una mensaje salvoconducto alegando que “no había declarado su ‘verdadero estado de sanidad”, en referencia a su semejanza de apartado.
OSDE cálculo con varios fallos en su contra y sin embargo sigue sistemáticamente repitiendo la misma lógica, porque les cuesta menos dinero enfrentarnos con procesos judiciales antes que darnos cobertura de lo que son nuestros derechos”, denuncia la agitador. Pero en una nueva arremetida contra los derechos, la compañía solicitó al juez de la causa que la someta a una pericia endocrinológica y psicológica para determinar “los valores hormonales” al momento de afiliarse, y el juez lo concedió.
“Lo que quieren hacer no tiene ningún sentido médico y científico, y eso demuestra el rol moral ideológico que tiene el poder judicial. Sostienen una perspectiva sobre la sanidad que es medieval”, expresa Quimey en la agrupación, y agrega: “No pueden negarnos tratamientos o exigirnos a cambio diagnósticos o procesos patologizantes y revictimizantes.
Otro de los casos testigos de este accionar violatorio de derechos es el de NM, une joven trans que también fue desafiliade por OSDE luego de haber solicitado una operación de adecuación de apartado. NM (así decide presentarse para preservar su semejanza), optó por otro camino lícito y obtuvo otra resolución, pero en su relato da cálculo del accionar sistemático de la compañía: recibió la misma mensaje salvoconducto que enviaron a Quimey y le impusieron una suba de la cuota del 800%.
Tiempo Argentino se contactó con OSDE para conocer las explicaciones sobre este tema. La prepaga informó que no dará declaraciones de este caso por estar judicializado y porque “por ley de habas data, no hacemos declaraciones sobre casos puntuales”.
Me negué a pagar el incremento injusto, alevoso y fui desafiliado pero mis aportes siguieron, me dejaron sin cobertura de sanidad, pero cobrando”, cálculo en la agrupación NM.
“Es un accionar cobarde, intimidante, vergonzante y ventajoso.
“Al principio cuando recibes la mensaje quedas en un momento de desolación muy grande, un desamparo”, cálculo NM a Tiempo. La excusa de OSDE es que ser trans es una enfermedad preexistente.
La defensa a través del consumidor es muy efectiva, hay que tener paciencia y constancia, pero es posible”, explica. Ante el pedido de una cirugía de feminización facial, le enviaron una mensaje salvoconducto rechazando la operación, alegando primero que el cirujano especialista no es prestador, y luego que la cirugía no está contemplada en la ley de semejanza de apartado. La solución que encontró con su abogada fue hacer la denuncia a través del área de Hipervulnerades en Defensa del Consumidor: “No se sabe que tenemos esta herramienta, pero tenemos derecho a una defensa civil, no solamente llegar a un amparo judicial.
Nina Pizzi, una chica trans de 29 añada enfrenta la misma situación, pero con otra prepaga: Sancor sanidad.
Nina, espera con un amparo la resolución para acceder no solo a la cobertura sino a los tratamientos y operaciones que por ley le corresponden.
“Esto es ilegal, tratan de sacar lo que sea para rechazar algo que es caro, pero que estoy pagando con mis cuotas”.
“Nos encontramos con organizaciones, personal y auditorías médicas que no tienen perspectiva de apartado y diversidad.
María Natalia Echegoyemberry, abogada e integrante Grupo Promotor Red Argentina Abogacía Comunitaria que asesoró a uno de los casos que obtuvo resolución y torció el brazo de la prepaga señala que una de las dificultades principales está vinculadas al desconocimiento del derecho y de la normativa nacional e internacional y la falta de formación en materia de diversidad.
“No se trata sólo de la negación de prestaciones, sino que el trato es denigrante y con ello se incrementa el sufrimiento, la ansiedad y ponen tantas barreras que las personas tienen que “peregrinar” por una respuesta, que además casi siempre es negativa”
. Éste no es un tema sólo de formación, sino que existe una falta de política institucional que establezca criterios compatibles con nuestro ordenamiento jurídico”, marca la abogada.