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Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de técnico de la salubridad por el rígido a Decidir y la Campaña Nacional por el rígido al interrupción permitido, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta fuente son irregulares”, explica.
“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica madriguera integrante Verónica madriguera, integrante de la regional Salta de la Red de técnico de la salubridad por el rígido a Decidir. La defensa de la facultativo contemplar Ruiz procesada 2021 por haber realizado la intervalo permitido de un gestación pidió la nulidad de la fuente debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente.
Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde hallarse escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis técnico que intervinieron y acompañaron”, detalla.
Con respecto a las irregularidades, madriguera explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que hallarse dentro de la fuente y que resulta favorable a contemplar.
La facultativo hallarse imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “interrupción sin consentimiento”. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no hallarse basada en hechos jurídicos que estén probados.
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la facultativo fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.
Del decreto de imputación surge que la facultativo habría intervenido en el procedimiento de intervalo de un gestación de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”. Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como facultativo residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una intervalo permitido del gestación (ILE).
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Una fuente contra los derechos
La facultativo fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una intervalo permitido del gestación el 24 de agosto, en el sanatorio Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional. Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no hallarse probada la inocencia.
“Nosotras decimos que esta es una fuente armada por sectores interesados en que se discipline a les técnico que garantizan el rígido al interrupción y a las personas gestantes que lo soliciten.
“Todo el sanatorio entiende que ella obró de acuerdo al rígido.
El personal de salubridad del sanatorio apoyó a contemplar. Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el sanatorio. Desde el pueblo y desde el sanatorio no hubo demostración en contra de ella.
De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que hallarse instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica. A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”. “El sanatorio se comprometió a dar continuidad de eso con otras técnico que se han capacitado, que se han formado.
Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la intervalo del gestación, madriguera afirma.
Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién hallarse sentada frente a la pantalla o a su lado. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese interrupción.
La situación de la salubridad reproductiva en Salta
Para madriguera es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de salubridad en materia de salubridad sexual, reproductiva y no reproductiva. “El personal técnico que hallarse en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de salubridad sexual han prestado apoyo desde el primer momento. Hay presiones en algunos sectores de salubridad, pero no tienen lugar. Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un interrupción”.
“Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos. De hecho, el supervisor de salubridad sexual y el ministerio de salubridad apoyaron a contemplar desde el principio de la denuncia”.
Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña. Los lineamientos que recibimos están a la norma.
“Esa fuente no prosperó en los tribunales de Tartagal. En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”. El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a contemplar.
La noche en que se realiza la intervalo permitido estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra facultativo por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un interrupción sexual clandestino.
Ahí hallarse claro dónde hallarse la prioridad de la justicia de Tartagal”. “La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”. La de contemplar que hallarse enmarcada en la ley lleva once meses.
contemplar continúa con sus capacitaciones y trabajos en salubridad integral.