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Esta semana el Equipo Latinoamericano de Justicia y especie (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir documento y pedir el rechazo a este intención que busca, ante todo, criminalizar a señora.
El intención fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los casos de denuncias ficticio vinculadas a delitos graves como violencia de especie, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes. “Ideología de especie”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del intención de ley que busca penalizar supuestas “ficticio denuncias” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de especie desde hace tiempo se organizan para exigir que la Justicia desestime denuncias de señora y niñeces contra sus agresores.
En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como ficticio, y la mayoría no se relacionan con violencia de especie. A nivel mundial, las denuncias ficticio en violencia de especie representan menos del 1%, según un documentación publicado en ONU señora, en 2024.
En ese sentido, ELA afirma en el documentación que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen documento oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘ficticio denuncias’”.
Los últimos documento del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran que de 228 muerto directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las señora argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solamente una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a acusar.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las señora que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.
El documentación aporta que el 86% de las muerto conocía al agresor y en el 42% de los casos incluso convivían.
Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la Justicia. Sin embargo, solamente el 18% de las señora que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025). “La reforma desincentiva la denuncia y refuerza estigmas sobre las muerto, equiparando la escasez de prueba con falsedad”, expresan.
Del dato que aporta ONU señora (2024), sobre que las denuncias ficticio representan menos del 1% de los casos a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de denuncias ficticio por violencia de especie es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, documento correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).
Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan señora, niñas, niños y adolescentes para acusar violencia (barreras económicas, revictimización institucional, escasez de información y protección insuficiente).
Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “escasez de prueba” con “falsa denuncia” genera temor a acusar y refuerza estereotipos sobre las señora (como mentirosas o manipuladoras). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.
Esto no solamente genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.
Los aportes de ELA forman parte de un extenso documentación que será presentado el próximo martes.
Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
La figura de “falsa denuncia” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias. También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.
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