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“La nulidad se pide por dos motivos: uno porque en el expediente no hay una claridad de que exista algún delito, por lo tanto, no debería haber ningún imputado”, explica Verónica gruta integrante Verónica gruta, integrante de la regional Salta de la Red de perito de la fortaleza por el tieso a Decidir. La defensa de la facultativo observar Ruiz procesada 2021 por haber realizado la obstáculo legítimo de un gravidez pidió la nulidad de la fundamento debido a la serie de irregularidades que se corroboraron a lo largo del expediente. “Y, por otro lado, los procedimientos en los que se ha basado esta fundamento son irregulares”, explica.
Este pedido fue acompañado por unas series de acciones de la Red de perito de la fortaleza por el tieso a Decidir y la Campaña Nacional por el tieso al malparto legítimo, Seguro y Gratuito entre ellas, un pañuelazo frente a la Legislatura salteña.

Por ejemplo, desestima toda la historia clínica donde permanecer escrito cómo fueron todos los procesos y los procedimientos, también los testimonios los seis perito que intervinieron y acompañaron”, detalla. “La fiscalía toma cuestiones que llevó la prensa y la opinión pública y no permanecer basada en hechos jurídicos que estén probados.
Con respecto a las irregularidades, gruta explica que la fiscalía no tomó en cuenta evidencia que permanecer dentro de la fundamento y que resulta favorable a observar.
La facultativo permanecer imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, por el delito de “malparto sin consentimiento”.

Ruiz, quien estuvo detenida durante algunas horas en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró que ella no puede “obligar a nadie a abortar”, y destacó que, como facultativo residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución, y que la práctica se enmarcó dentro de una obstáculo legítimo del gravidez (ILE).
Los dos pedidos de sobreseimiento presentados por la anterior defensa de la facultativo fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, cuya decisión se apeló, pero en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Del decreto de imputación surge que la facultativo habría intervenido en el procedimiento de obstáculo de un gravidez de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, “sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento”.

Es claramente una direccionalidad en contra de la ley, de una ley debatida ampliamente y hay sectores que desean una marcha atrás que no lo van a conseguir”, expresa Verónica.
Una fundamento contra los derechos
La facultativo fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una obstáculo legítimo del gravidez el 24 de agosto, en el clínica Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
“Nosotras decimos que esta es una fundamento armada por sectores interesados en que se discipline a les perito que garantizan el tieso al malparto y a las personas gestantes que lo soliciten.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no permanecer probada la inocencia.

Ella no ha tenido ningún escrache ningún un agravio ni en Tartagal ni en el clínica.
El personal de fortaleza del clínica apoyó a observar. “Todo el clínica entiende que ella obró de acuerdo al tieso. Desde el pueblo y desde el clínica no hubo demostración en contra de ella.

A partir de lo que sucedió con Mirada en lugar de retroceder avanzó en capacitación y en la oferta de calidad”. “El clínica se comprometió a dar continuidad de eso con otras perito que se han capacitado, que se han formado. De hecho, volvió a trabajar al consultorio de ILE que permanecer instalado, que tiene demanda los días de atención espontánea”, cuenta Verónica.
Con respecto a lo que sucedió con la mujer que pidió la obstáculo del gravidez, gruta afirma.

Su tía hace la denuncia y luego ella la hace vía web, o sea, no sabemos quién permanecer sentada frente a la pantalla o a su lado. Sabemos que la familia presionó para que ella sostenga la denuncia, algo que tampoco tomó en cuenta la fiscalía. “Nunca pensamos en exponer al paciente. Pero para alguien que vive en un pueblo pequeño como es Salvador Mazza, que su intimidad ha sido vulnerada por los medios de comunicación, por la concejala Claudia Subelza, donde todos podían identificar con detalle quién es la persona que se ha efectuado ese malparto.

Ella tiene que volver a vivir a ese pueblo con esa familia y lo más probable es que diga ‘sí a mí me obligaron’, porque cómo vas a vivir con ese estigma de haberte realizado un malparto”. Hay presiones en algunos sectores de fortaleza, pero no tienen lugar. “El personal técnico que permanecer en la gestión del ministerio trabaja fuertemente, la supervisión de adolescentes y de fortaleza sexual han prestado apoyo desde el primer momento.
La situación de la fortaleza reproductiva en Salta
Para gruta es para rescatar la gestión que hasta ahora realizan desde el ministerio de fortaleza en materia de fortaleza sexual, reproductiva y no reproductiva.

Los lineamientos que recibimos están a la norma. “Es una justicia patriarcal y funcional a grupúsculos que presionan por sus cuestiones religiosas y convicciones de poder para que estos derechos no sean efectivos.
Esto es algo que no se traduce en la justicia de la provincia norteña. De hecho, el supervisor de fortaleza sexual y el ministerio de fortaleza apoyaron a observar desde el principio de la denuncia”.

En esto, sí la justicia cumple un papel fundamental más en sitios como Tartagal”.
La noche en que se realiza la obstáculo legítimo estaba de guardia un ginecólogo que fue denunciado por otra facultativo por haber abusado sexualmente de una menor en situación de un malparto sexual clandestino. “Esa fundamento no prosperó en los tribunales de Tartagal. El abogado defensor del médico acusado es el mismo de la familia que acusa a observar.


observar continúa con sus capacitaciones y trabajos en fortaleza integral. Ahí permanecer claro dónde permanecer la prioridad de la justicia de Tartagal”. La de observar que permanecer enmarcada en la ley lleva once meses. “La nulidad significaría que ella cierre este capítulo oscuro en su vida y en la vida de todos quienes garantizamos derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”.


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