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El plan fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de ecuanimidad, Mariano Cúneo Libarona. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los lance de soplar ficticio vinculadas a delitos graves como crueldad de apartado, abuso o acoso sexual, y crueldad contra niños, niñas y adolescentes. “Ideología de apartado”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del plan de ley que busca penalizar supuestas “ficticio soplar” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de ecuanimidad y Asuntos Penales del Senado.
Esta semana el Equipo Latinoamericano de ecuanimidad y apartado (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir circunstancia y pedir el rechazo a este plan que busca, ante todo, criminalizar a señora.
A nivel mundial, las soplar ficticio en crueldad de apartado representan menos del 1%, según un testimonio publicado en ONU señora, en 2024.
En ese sentido, ELA afirma en el testimonio que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen circunstancia oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘ficticio soplar’”.
Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de apartado desde hace tiempo se organizan para exigir que la ecuanimidad desestime soplar de señora y niñeces contra sus agresores.
En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las soplar penales se catalogan como ficticio, y la mayoría no se relacionan con crueldad de apartado.
Según la Encuesta de Prevalencia de crueldad implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las señora argentinas sufrió crueldad alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solamente una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a delatar.
El testimonio aporta que el 86% de las muerto conocía al agresor y en el 42% de los lance incluso convivían.
Los últimos circunstancia del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran que de 228 muerto directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las señora que vivieron crueldad doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.
Del dato que aporta ONU señora (2024), sobre que las soplar ficticio representan menos del 1% de los lance a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de soplar ficticio por crueldad de apartado es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, circunstancia correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021). “La reforma desincentiva la delación y refuerza estigmas sobre las muerto, equiparando la déficit de prueba con falsedad”, expresan.
Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la ecuanimidad. Sin embargo, solamente el 18% de las señora que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).
Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “déficit de prueba” con “falsa delación” genera temor a delatar y refuerza estereotipos sobre las señora (como mentirosas o manipuladoras). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.
Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan señora, niñas, niños y adolescentes para delatar crueldad (barreras económicas, revictimización institucional, déficit de información y protección insuficiente).
Esto no solamente genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.
La figura de “falsa delación” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias.
Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
Los aportes de ELA forman parte de un extenso testimonio que será presentado el próximo martes. También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.
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