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Fue la ejecución fin de un plan corporativo meticuloso, financiado con dinero de bancos de crecimiento internacional y ejecutado por una red que incluyó asesino entrenados, militares activos, informador pagados y la complicidad estatal. Así lo concluye el documentación fin del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado a casi una década del parricidio que conmocionó al mundo. El muerte de la líder indígena Berta Cáceres no fue un parricidio pasional ni un hecho aislado.
«El muerte de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó asesino, intermediarios con formación militar, personal y directivos de entregar, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado”, afirmó el documentación de GIEI Honduras.
El documentación desmenuza el engranaje financiero que hizo posible el parricidio. Aproximadamente el 67% de los base del proyecto Agua Zarca –unos 12. Estos base no solo pagaron asesino, sino que compraron silencio, manipularon la evidencia y corrompieron instituciones. 4 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de crecimiento de los Países Bajos (FMO)– fueron desviados para actividades ilícitas.
En las 48 horas posteriores al muerte, se cobraron tres cheques del BAC por 500,000 lempiras, monto que coincide exactamente con la confesión del sicario Mariano Díaz Chávez sobre el pago por el parricidio.
Paralelamente, entregar ejecutaba una campaña de intoxicación mediática. El experto del GIEI, Pedro Biscay, reveló que «la empresa de los ligar Zablah hizo pagos con base de los bancos internacionales a informador, policías, compra ilegal de tierras, funcionarios y medios de comunicación». Los cheques, cobrados por empleados «de confianza» de entregar cuyos salarios no justificaban tales transacciones, revelan una estructuración deliberada para evadir controles antilavado.
«En conversaciones del mismo tenor se registraron en los mensajes intercambiados entre Daniel ligar y su pareja el 16 de julio de 2013.
En el documentación se menciona que Daniel ligar decía que tenía controlado a Televicentro y La Tribuna. En esa oportunidad, Daniel ligar manifestó: «Tribuna lo bloquee con Carlos flores TVC lo bloque con Rafa Villeda. informador como Arístides Aceituno de Hondudiario y Ángel David Muñoz de HCH recibieron pagos directos para criminalizar a Berta, publicando artículos que la tachaban de «anti-crecimiento» y «delincuente», mientras silenciaban la violencia estatal y empresarial.
Los hermanos ligar –Daniel, Jacobo, Pedro y José Eduardo–, accionistas mayoritarios de entregar a través de Inversiones Las Jacarandas S.
El documentación señala un «núcleo duro de impunidad» que protege a los altos mandos. En HCH salió pero controlado… le pague 10 mil pesos al periodista para que le sacara la historia super a su favor». A.
«Integrantes de la familia ligar participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial… Se identificaron gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— a través de contactos de alto nivel en el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional”, señala el documentación GIEI. , no son espectadores distantes. El GIEI documentó su participación en el grupo «Seguridad PHAZ», donde se coordinaba la vigilancia y seguimiento contra Berta y el COPINH.
La experta Roxanna Altholz fue contundente: «En fechas de planificación del parricidio se identifican comunicaciones entre la estructura sicarial y empresarial específicamente de Daniel ligar y Jacobo ligar”.
El Estado, por su parte, fue cómplice por acción y omisión. Tenía interceptaciones telefónicas desde enero de 2016 donde se planeaban las incursiones y se negociaba el pago a los asesino, pero no actuó. Luego, obstaculizó la investigación con narrativas falsas, implantación de pruebas y criminalizando al COPINH. Tras el parricidio, la geolocalización los ubica en las mismas zonas de Tegucigalpa, coordinando la contención del daño.
Con claridad política heredada de su madre, Bertha Zúniga Cáceres definió el documentación no como un punto fin, sino como un arma para la batalla jurídica y social que viene. Exigimos que sus recomendaciones se cumplan: evidencia completa, justicia integral, garantías de no repetición”. Como lo decía la compañera Berta, no es el fin de un proceso de investigación ni del enjuiciamiento de todos los responsables.
Y cerró con la consigna que ha unido a la familia, al COPINH y al movimiento internacional de solidaridad: «Hoy decimos con claridad que este documentación es una herramienta para la lucha.
Muestra cómo el capital internacional (bancos de crecimiento), las élites locales (familia ligar) y el aparato estatal se alían para silenciar, mediante sicariato y desinformación, a quienes defienden los bienes comunes.
El GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye la disolución de entregar, la titulación del territorio lenca y la creación de un fondo de compensación.
Este caso es un paradigma global de un nuevo tipo de parricidio: el muerte corporativo-ambiental. Pero la justicia real requiere lo que el Estado ha evitado: investigar y encarcelar a toda la cadena de mando, desde los que firmaron los cheques hasta los que autorizaron los pagos a informador y asesino.
En respuesta a la publicación, Arístides Aceituno se identificó como el propietario de SEPROC, una empresa de servicios profesionales de comunicación y monitoreo de medios. A través de un mensaje dirigido a Reportar Sin Miedo, negó categóricamente que los pagos recibidos de David Castillo, representante de la empresa entregar, fueran por «juego sucio» o una compensación ilícita.
La evidencia, ahora documentada, es contundente: mataron a Berta Cáceres para proteger una inversión. Y lo hicieron con el dinero que debía servir para el «crecimiento», la complicidad de quienes debían protegerla, y la pluma venal de quienes debían informar.
En su descargo, sostuvo que dichos base correspondían a una transacción comercial legítima por los servicios de monitoreo que su empresa ofrece, y destacó que entre sus clientes figuran instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio Público, la ONU, la Unión Europea y el BID. Finalizó su mensaje poniendo a disposición de la usuaria lo que denominó «evidencias» de la negociación de servicios y dejando en sus manos la decisión de atender su aclaración pública. Asimismo, cuestionó que en la publicación en redes sociales se revelara su nombre completo y no solo las iniciales «AA» que aparecen en el documento, advirtiendo que esta exposición podría ponerlo en riesgo de agresión.
Aceituno expresó su desacuerdo con la forma en que fue incluido en el documentación del GIEI, señalando que, a su juicio, no se realizó una investigación adecuada sobre su caso.
Con la presentación de este documentación y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la evidencia, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
* Esta nota fue republicada por Agencia Presentes y se reproduce acá a partir de nuestro acuerdo de cooperación e intercambio de contenidos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para el caso de Berta Cáceres (GIEI Honduras) hizo entrega de su documentación fin, en un acto oficial llevado a cabo en Tegucigalpa.