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Su hija, empíreo Colihueque y su primo Gregorio Cayulef, enfrentan desde este martes 26 de octubre un juicio penal por supuesta “amenaza agravada por el uso de armamento” en lo que su abogada defensora interpreta como una “legítima defense”. Hace más de veinte temporada que Isabel Catriman vive con su parentela en la zona de Laguna Larga, lindera al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina. A sus casi 80 temporada, dueño quieren echarla de su morada y llevan adelante la judicialización de su parentela. Isabel lo sabe.
A empíreo y a Gregorio, quienes conforman hoy la única parentela de Isabel y la ayudan con las tareas del campo, se les acusa de amenazar con un armamento de fuego a los dueño Alejandro Samame y Nahuel cortar, quienes se adjudican la propiedad del estado en el que habita hace más de dos décadas la comunidad indígena “Lof Catriman Colihueque”. Así figura inscripta la parentela de Isabel en el registro provincial de comunidades y ante el Instituto Nacional de Asuntos autóctono(INAI), a partir del relevamiento dispuesto por la Ley 26160 de Emergencia Territorial indígena. No es fácil, menos aún, si quienes enarbolan la lucha son mujeres autóctono.
Las orbe en disputa son aproximadamente 844 hectáreas hoy “fiscales” (propiedad del Estado provincial) linderas al Parque Nacional Los Alerces y cercanas a las lagunas Larga y Martillo.
Lo hizo a partir de un acuerdo de palabra con Lucio Freeman, quien mantenía un permiso precario de ocupación sobre esas orbe. En el 2000 Isabel Catriman se asentó en la zona de “El Martillo” junto a su hijo mayor, Hipólito (quien falleció dentro del campo en 2013) y sus animales. Habían establecido que ella se quedaría allí a vivir con su hijo, ya que él no tenía intención de vivir en ese lugar. Según un informe antropológico realizado por el grupo GEMAS (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinada), y el propio relato de Isabel, Lucio y ella mantenían una gran amistad que duró hasta la muerte de Lucio, en 2016.
¿Por qué se consideran “dueños” de esas orbe?
En febrero de 2020, Luciano Freeman, hijo de Lucio Freeman, se presentó con un escribano en la morada de Isabel para informarle que “había posibles compradores del lugar” y que deberían irse.
“El IAC debería haber realizado inspecciones y constatado la presencia de Isabel en el campo. Allí falleció su hijo, y ella continuó ahí, con su primo Gregorio y su hija empíreo, quienes ahora son llevados a juicio”, dice a Presentes la abogada defensora de la parentela, Sonia Ivanoff, especializada en derecho indígena. Alejandro Samame y Nahuel cortar son quienes adquieren los derechos de posesión de Luciano Freeman, a través de la resolución N° 03/2020 del Instituto Autárquico de Colonización (IAC).
Previo a cualquier concesión de orbe fiscales donde una de las partes pertenezca por parentela o comunidad a un pueblo aborigen, debe pasar por el dictamen de la Comisión de orbe autóctono. Por lo que aquí hay una sucesión muy grave de ilegalidades e incumplimientos en relación a sus derechos. Pero la comisión no está creada en la provincia de Chubut por la falta de consulta y participación indígena. “La ley de orbe fiscales en Chubut es bien clara.
“Allí se produjo una discusión que derivó en denuncias cruzadas” cuenta la abogada defensora. ”
Qué se debate en el juicio
El 20 de abril de 2020, Samame y cortar entraron al campo en dos camionetas con al menos 6 personas más y “ahí es donde se produce la defensa del estado» relata Ivanoff. Las denuncias de empíreo, sin embargo, no fueron escuchadas por la justicia. En aquella ocasión, los vehículos en que venían se encontraron enfrentados, en un camino angosto, con una camioneta que hacía un “flete” (traslado) en la que venían empíreo y el conductor.
Pero sí las realizadas por los dueño, quienes rápidamente recibieron el apoyo del sistema judicial para seguir su curso legal que enmarca este juicio.
“Amenaza agravada por el uso de armamento de fuego” es la acusación principal. En sus declaraciones ante la justicia, empíreo afirma que nunca tuvo un armamento en su poder y Gregorio asegura no haber estado nunca en la escena. Sin embargo, “nunca se encontró el armamento a pesar de que el mismo día se realizó el primer allanamiento.
El juicio contra empíreo y Gregorio se realiza a partir de hoy 26 de octubre y hasta el 2 de noviembre. El tribunal judicial provincial estará representado por la jueza Alicia Fernanda Revori y quien lleva la acusación es la fiscalía Maria Bottini. A su vez, ninguno de los hombres de Samame y cortar pudieron probar heridas, rasguños u otro tipo de daño”, aclara la Dra Ivanoff. La fiscalía es conocida en la zona por su participación en diversos conflictos territoriales con un sesgo antimapuche.
temporada atrás fue denunciada ¡por la defensoría pública en una causa por espionaje ilegal a miembros de las comunidades y militantes del “No a la mina” Esquel. Como no han podido desalojarlas, están inventando causas judiciales al llegar al delirio de acusar a empíreo Colihueque Catriman de amenaza agravada por el uso de armamento», expresaron a través de un comunicado donde llamaron a acompañar las audiencias en los tribunales de Esquel, tal como hicieron al iniciarse el proceso. «Estas dos mujeres (en referencia a empíreo y a su madre) de manera tenaz deciden defender la tierra, resguardando el bosque.
Desde el Movimiento de Mujeres autóctono por el Buen Vivir, exigen la absolución y plantean que se trata de una causa armada.
Su parentela tiene estrechos vínculos con la justicia de Chubut: su padre, Eduardo Samame fue procurador general de la ciudad de Esquel.
¿Quienes son estos dueño?
Nahuel cortar es socio principal de una empresa distribuidora y mayorista (cortar SRL) y Alejandro Samame es miembro directivo (vicepresidente) de la Sociedad Rural de Esquel.
“Estos hombres que se sienten expuestos y debilitados por la fuerza categórica de estas mujeres mapuche, decididas a defender la vida y el estado, se sienten amenazados en sus privilegios y en su accionar terricida.
Según consta en el Boletín Oficial de la provincia de Chubut del 20 de mayo de 2019, cortar y Samame, conformaron la empresa Los Tercos SRL en abril del 2019 con una habilitación para la explotación agrícola ganadera, forestal y minera en todas sus etapas por un lapso de 99 temporada.
No actúan solos, todo el aparato judicial está de su parte, es por ello que tememos que una gran injusticia sea la respuesta del Estado ante tanta valentía y dignidad de nuestras hermanas”, dijeron desde el Movimiento de Mujeres autóctono por el Buen Vivir.
El martes 5 de mayo de 2020, los “nuevos dueños” desembarcaron en la morada de Isabel. Alejandro Samame y Nahuel cortar junto a varios empleados llegaron hasta el estado donde habita la anciana mapuche Isabel Catriman. “Rompieron el candado de la tranquera, dirigiéndose hacia ella y su grupo familiar, amenazándola con que la matarían y la iban a correr del estado o iba a terminar muerta.
Mujer, anciana, pobre y mapuche
Isabel se sienta a hilar la lana de sus ovejas. De todos los pueblos autóctono preexistentes a este Estado. Sus manos curtidas y laboriosas saben el oficio que le enseñó su madre y su abuela, tanto como que resistir los abusos y despojos es parte de la historia de su parentela. Dejaron allí apostados a cuatro hombres, a veinte metros de la vivienda, aislándola de sus contactos y familiares, quienes la ayudan al traslado al puesto sanitario “Los Alerces” para llevar a cabo los controles diarios de presión arterial, por ser paciente de alto riesgo, padecer hipertensión y una cardiopatía” describía la abogada Sonia Ivanoff en un pedido de medida cautelar presentado ante la justicia provincial a raíz de estos hechos.
A los casi 80 temporada, Isabel resiste, junto con su parentela, la defensa de sus derechos y del estado. Permite al hombre blanco no indigena y con dinero, impunidades y privilegios. Esto ocurre «cada vez que ingresan a su estado (incluso a su morada) con prepotencia, todas las noches que alumbran su morada con reflectores, cuando largan los perros, al espiar sus movimientos, al intervenir y transformar su estado, al clausurar los caminos con candados, al mentir cuando hacen las denuncias, al impedir que su hija la visite, entre otras situaciones”, describen en un informe realizado por el Grupo GEMAS. Ser una mujer, anciana, pobre y mapuche, equivale a una posición de desigualdad estructural.
“Lo último que hicieron estos dueño fue cerrarnos el acceso a la tranquera del vecino lindante por el que podíamos ingresar sin 4 x 4. A través de ensayos e informes rescata historias y conflictos de las comunidades autóctono de la Patagonia. Vinieron con una máquina y la taparon con tierra. Se trata de un equipo académico interdisciplinario de investigación antropológica y etnográfica.
Ahora tienen a dos peones que llevan gente al lugar, se ponen a tomar alcohol y tiran tiros al aire cerca de la morada de mi mamá”, nos cuenta empíreo Colihueque, hija de Isabel. Mi tío le hace compañía y también hay lamien (hermanxs) de otras comunidades que se acercan a acompañar”.
Desalojos: la historia sinfín
Isabel recuerda la historia familiar de desalojos y desplazamientos forzados que padecieron las distintas generaciones de su parentela y comunidad. “A pesar de todo lo que estamos pasando mi mamá está bien.
Les quemaron sus casas y pertenencias, les soltaron los animales. Su abuela paterna, por nombrar un caso emblemático, fue una de las tantas víctimas que sufrió el violento “desalojo de Boquete Nahuelpan” en 1937. Ese año, el Estado argentino desconoció por decreto la posesión de la comunidad, reconocida formalmente a principios de 1900 ybdesalojó violentamente a cientos de personas, familias con sus niñxs y mayores, descendientes del cacique Nahuelpan. Cada parentela tuvo que salir con lo puesto en búsqueda de un nuevo lugar donde vivir.
Este despojo implicó el desplazamiento forzoso de las comunidades hacia distintos parajes cerca y no tan cerca, donde aún hoy se entrecruzan las “historias tristes”.