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Los terceto acusados fueron reo a penas de 8 a 10 anales de cárcel y la enjuiciador Isolina Apas Pérez de Nucci resaltó que “el permiso en el ámbito carnal debe ser expreso y claro. Pero fue previo y en la localidad de Burruyacú, en Tucumán. Menos visibilizado y con varias dilaciones y trabas para el avance del discernimiento, llegó este miércoles a una máxima que tuvo en cuenta la perspectiva de género. El caso de Andrea trascendió luego de la deshonra grupal de Palermo.
Andrea fue herido de una deshonra grupal el 7 de marzo de 2021. No existe el permiso virtual, es un concepto que se debe abandonar”. Rafael Padilla, David Aranda –miembros de una descendientes del poder político local- y Hugo Décima abusaron sexualmente de ella en una fiesta en la casa de un vecino. Los terceto fueron considerados culpables del delito de abuso carnal con acceso carnal en banda.
“Ha sido una máxima impecable desde lo técnico. (La enjuiciador) ha considerado a los terceto acusados -hoy reo- como coautores del delito de abuso carnal con acceso carnal en banda. O sea, con el concurso de dos o más personas. Todos han cometido el mismo hecho, pero ha diferenciado las penas: 10 anales a Padilla, porque ya tiene una condena anterior de diciembre de 2019 a terceto anales de prisión por amenazas y lesiones a su ex pareja en un contexto de violencia de género; 9 anales a Décima porque además de golpearla, la quemó con cigarrillo antes de violarla; y 8 anales a Aranda porque es el que le tiene los brazos para facilitarle la tarea de la deshonra a los otros.
Había mucha prueba”, resumió Gustavo Morales, abogado representante de la descendientes de la sobreviviente. Se ha probado el hecho, con el relato de la herido en Cámara Gesell, informes psicológicos y médicos, con mensajes de Whatsapp. La fiscal Andrea Carlino había pedido una pena de 13 anales para los implicados.
El discernimiento debía comenzar el 11 de marzo, pero menos de 24 horas antes y por un planteo de la defensa, el proceso se suspendió.
“Estaban previstas seis audiencias pero se produjo una dilación indebida porque las defensas trataron de poner en duda la filmación de la Cámara Gesell y se probó que eran desperfectos técnicos pero que no afectaban la linealidad del relato. En el medio hubo otros intentos de dilaciones, como el cuestionamiento de una de las defensas a la validez de la declaración de Andrea por Cámara Gesell. Pero el planteo fue desestimado. Finalmente, empezó casi un mes después.
Luego de que uno de los abogados defensores se refiriera a un “permiso virtual” por parte de Andrea, la enjuiciador Pérez de Nucci negó que tal noción pueda ser tenida en cuenta. Esa declaración tuvo una demora de cuatro horas y una duración de cinco: un padecimiento de nueve horas para la herido de la deshonra grupal, algo que fue considerado por la magistrada. La psicóloga que estaban con ella dijo que su discurso en todo momento fue coherente, lúcido, consistente, sin fisuras incluso cuando fue interrogada por las distintas partes”, señaló el letrado a este medio.
Además, la enjuiciador hizo hincapié en la cuestión del permiso, clave en casos de violaciones grupales e individuales.
En un contexto como este, y en el marco de una deshonra, no puede haber permiso virtual, debe ser expreso y espontáneo. “Hubo un defensor que, con un lenguaje que ella denomina inadecuado, habló de permiso virtual. La enjuiciador llamó la atención sobre esos conceptos misóginos y patriarcales, porque estos lenguajes se cristalizan en comportamientos”, remarcó Morales. Y no existe.
Padilla, Décima y Aranda llegaron al discernimiento detenidos en una comisaría. Con la máxima, se ordenó su traslado a un penal. Desde su entorno hubo amenazas y hostigamientos a la descendientes de Andrea a lo largo de todo este año de búsqueda de justicia. Además, la magistrada exhortó al Poder Ejecutivo a que, a través del Servicio Penitenciario, brinde tratamiento psicológico a los reo.
Y describió: “A mi hija le sacaban fotos, las publicaban en redes, se burlaban de ella. Decían ‘ahí está la supuesta violada’ o ‘no parece violada’”. El amedrentamiento incluyó denuncias y medidas perimetrales impuestas contra la herido a pedido de familiares de los imputados, así como ataques físicos a parientes de la joven. “Desde que hicimos la denuncia comenzaron las agresiones”, contó en su momento a Tiempo la mamá de la joven, Erika.
“En el pueblo es una locura. Acá hay apoyo también, pero no es visible. Salís a la esquina y te encontrás con familiares de ellos. Porque como son una descendientes con poder hay miedo a represalias”, lamentó Erika antes del inicio del discernimiento.
Este miércoles, organizaciones sociales y feministas acompañaron a Andrea y su descendientes con cantos y pancartas frente a los tribunales.